La Unión General de Trabajadores considera que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica es insuficiente aunque la considera un avance positivo que puede paliar situaciones como los cortes en casos de pobreza extrema, pero resulta insuficiente.
La Unión General de Trabajadores, conjuntamente con la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), va a poner en marcha una campaña para concienciar a los trabajadores y trabajadoras de atención a la dependencia, concretamente de las categorías profesionales de cuidador/a y gerocultor/a en centros o instituciones sociales, asistente personal y auxiliar de ayuda a domicilio, sobre el procedimiento para conseguir el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.
Para UGT y CCOO, el acuerdo anunciado por PP y PSOE de prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en nuestro país, que debe ser completado con la creación de una auténtica tarifa social (de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta) que sustituya al actual bono social, ya que éste solo supone la reducción de un 25% en la tarifa y no protege a las rentas más bajas.
En un momento como el actual, en el que una de cada tres personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social y un 2,6% de los hogares– 3,2% en el caso de los niños- no tiene una alimentación adecuada, se hace más necesario que nunca abordar las situaciones de pobreza que se están presentando en nuestro país.
UGT considera que los datos sobre empleo de las personas con discapacidad publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística confirman las dificultades este colectivo para acceder y mantenerse en el mercado laboral. Los datos confirman que los empleos son de baja calidad, bajos salarios y se desarrollan en empresas no ordinarias, sino centros especiales de empleo.
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