​UGT considera que el convenio anunciado entre el Ministerio de Justicia con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para que esta institución, a través de los más de 1.000 registradores existentes, preste su apoyo a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, es un paso más en la privatización de la actividad administrativa.