​La Unión General de Trabajadores exige la inmediata devolución de todo el dinero recaudado de forma fraudulenta por los gobiernos de Cataluña y Madrid tras la implantación del euro por receta en el mes de junio de 2012.

En el día de ayer el Tribunal Constitucional ya manifestó la inconstitucionalidad de esta medida en Cataluña, que recaudó 45,7 millones directamente de los bolsillos de la población de esa región, y tiene pendiente de resolución su aplicación en la Comunidad de Madrid.