El Gobierno de Rajoy promulgó en abril de 2015 la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como la 'ley mordaza', principalmente para frenar las fuertes protestas sociales contra las políticas de austeridad que estaban desmantelando el Estado del Bienestar, organizadas en gran medida por los sindicatos de clase.

Para ambos sindicatos constituye un precedente muy peligroso que pone en cuestión abiertamente la separación de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones, y que rebaja la calidad democrática de nuestro país.