​La Unión General de Trabajadores considera que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica es insuficiente aunque la considera un avance positivo que puede paliar situaciones como los cortes en casos de pobreza extrema, pero resulta insuficiente.